Ratifican la condena a Lula Da Silva por cargos de corrupción

Lula, en un mitin.

Los tres jueces en la corte de apelaciones dijeron que el exmandatario había incumplido la ley al aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras conocido como “Lava Jato”.

El exmandatario había sido sentenciado a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción en julio de 2017.

 

El Joao Pedro Gebran

Obstáculo a la candidatura

El hecho de que la ratificación de la condena haya sido por unanimidad de los tres jueces del tribunal supone un serio obstáculo para las opciones de Lula de volver a ser presidente.

Al no haberse producido ningún voto en contra, los plazos para la revisión de un posible recurso de apelación de Lula se acortan, reduciendo las posibilidades de que el expresidente pueda registrar su candidatura antes de haber sido definitivamente inhabilitado.

Lula niega haber cometido irregularidades y argumenta que el juicio en su contra tuvo intereses políticos para menoscabar sus aspiraciones electorales.

El histórico líder del Partido de los Trabajadores ha sido elegido candidato de su partido a los comicios y, aunque faltan todavía meses, las encuestas lo muestran como el gran favorito.

El escándalo por el que Lula fue condenado está relacionado con el conocido como caso “Lava Jato”, la trama corrupta vinculada a la petrolera estatal Petrobras, que ha convulsionado la política del país sudamericano en los últimos años.

Diego Scardone, portavoz del Partido de los Trabajadores, censuró la sentencia en declaraciones a la BBC:

“El Partido de los Trabajadores entiende que esto va más allá del caso de Lula. Estamos viviendo en un país en el que los jueces emprenden acciones que van más allá de nuestra constitución y que otros jueces pueden repetir en diferentes casos sobre otros brasileños. Así que percibimos que esto no es solo la defensa de Lula, sino, más allá de eso, la defensa de nuestra democracia y de nuestras leyes”.

El papel de Sérgio Moro

Según el tribunal que lo condenó, Lula aceptó un apartamento en una playa de Sao Paulo como regalo de una empresa que hacía negocios con su gobierno.

La condena fue dictada por Sérgio Moro, el juez federal que dirigió la investigación del caso “Lava Jato” y que se ha convertido en una de las figuras más notorias en la política brasileña.

Simpatizantes de Lula en Sao Paulo.

El Partido de los Trabajadores y los seguidores de Lula sostienen que la condena estuvo políticamente motivada. El PT asegura que no contempla ningún candidato alternativo.

Lula acusó a sus enemigos de intentar sacarlo de la arena política, tal como a su juicio hicieron en 2016 con su sucesora Dilma Rousseff, también salpicada por el caso “Lava Jato” y destituida tras un juicio parlamentario.

Rousseff no fue encontrada culpable de ningún ilícito penal por los tribunales, pero sí responsable de irregularidades presupuestarias por el Congreso.

Su sucesor, el presidente Michel Temer, y otros dirigentes políticos brasileños también se han visto envueltos en el escándalo, que ha minado la confianza de los brasileños en sus dirigentes políticos.

Simpatizantes de Lula, en un acto de protesta en Porto Alegre.

Aunque este proceso es solo uno de los siete que acumula Lula con la justicia, se considera fundamental para sus opciones de mantenerse en la carrera por la presidencia.

“Estoy con la tranquilidad de los justos, de los inocentes. Dudo que los jueces que ya me juzgaron y los que van a juzgarme estén tan tranquilos como yo. Yo sé que no cometí ningún delito”, volvió a defender en un acto público la semana pasada.

Lula fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Le sucedió su jefa de gabinete, Dilma Rousseff. La destitución de esta en 2016 puso fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores.

Ene, 24-2018