El gobierno anuló el decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes

El Gobierno derogó hoy un decreto de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, así como también establecía agilidades para los trámites de expulsión.

El presidente Alberto Fernández lo informó así a través de la publicación del Decreto 138/2021, que da oficialmente de baja el Decreto 70/2017. 

De acuerdo al mandatario, esta decisión se tomó dado que advirtió que desde que entró en vigencia esa norma “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

Esta medida impulsada por el anterior gobierno había creado un “procedimiento migratorio especial sumarísimo”.

De esta manera, se rechazaba el ingreso de personas con antecedentes y la expulsión de delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

Según la administración de Mauricio Macri, este movimiento era vital, ya que la duración de los procesos administrativos y judiciales era bastante extenso.

Además, había señalado que notaba un notorio incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario. Este en 2016 había alcanzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.

Asimismo, a través del decreto se había establecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales. A estos se sumaban aquellos que cumplieran condena o tengan antecedentes, al igual que quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.

¿Por qué se derogo el Decreto?

No obstante, a poco más de cuatro años del decreto de Macri, Alberto Fernández decidió anularlo al advertir lo siguiente. Según el oficialismo, se habían modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones. Estos aspectos estaban violando los derechos humanos y  se había agravado “exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

Entre ellas se citan “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Cabe destacar, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU habían expresado su profunda preocupación. Consecuentemente, han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto.

Esto, por su parte, aceleró la toma de decisiones sobre la ley migratoria.

Finalmente, se creó la Comisión Asesora de Política Migratoria. Esta “propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871”.