VECINOS DEL AEROPUERTO DE EL PALOMAR DENUNCIARON ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA A LA JUEZA FORNS

Un grupo de entidades sin fines de lucro que nuclean a vecinos del aeropuerto de El Palomar, presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, una denuncia contra la jueza federal Martina Forns, quién dictó la medida cautelar por la cual está restringida la operación nocturna en la estación aérea, por “faltar al deber de dirigir el proceso; por no otorgar debida fundamentación en sus sentencias; de no ser imparcial; omitir prevenir y/o sancionar y por mal desempeño de sus funciones”.

Los denunciantes son la Sociedad de Fomento La Rotonda, Asociación Civil Sin Fines de Lucro; el Club Atlético El Palomar, Asociación Civil Sin Fines de Lucro; el Grupo Scout Niño Jesús Asociación de Hecho y el Museo El Palomar de Caseros, Asociación Civil Sin Fines de Lucro.

Los denunciantes, en su presentación, realizan un pormenorizado relato de cómo se fueron sucediendo los acontecimientos desde la primera resolución restrictiva de la jueza, en enero de 2018, de cómo esa resolución quedó luego sin efecto tras una Audiencia Pública por disposición del juez Néstor Pablo Barral, que tomó en cuenta los informes realizados oportunamente y que determinaban que “la medición de ruidos durante las 24 horas y dentro de las aulas, cumple con los requisitos normativos técnicos del caso, sin daños”.

Destacan que, desde ese momento, y durante un año, el aeropuerto “comenzó a operar con normalidad y en modalidad H24 (las 24 horas del día) en virtud del correspondiente acto administrativo que, de manera paralela y previa al levantamiento de la medida, fue dictado por la autoridad correspondiente, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”.

Puntualizan que el aeropuerto transcurrió su tarea operativa durante casi un año y medio hasta el 26 de septiembre de 2019, acumulando los 111 años operativos, sin restricciones y aclaran que sólo desde el año 2010 y hasta abril de 2018 no funcionó de noche por falta de presupuesto hacia las fuerzas aunadas, y no por una restricción.

Fundamentan que “los hechos y antecedentes que elucida la propia magistrada, para luego hacer lugar al pedido, demuestran no sólo su inactividad jurisdiccional, sino que ha permitido que sea dañada su investidura. Esto nos provoca enormes interrogantes que no podemos explicar porque evidencia una sucesión de graves deficiencias de legalidad, prueba y argumentación que trasuntan incumplimientos legales y una lesión a la tutela judicial efectiva”.

Acusan a la jueza en cuanto a que “limita una herramienta para el desarrollo armónico de la nación (art. 75 inc. 19 CN) y se olvida de los habitantes y ciudadanos que necesitan viajar rápido, barato y seguro desde y hacia Buenos Aires”.

Sostienen que, entre otras falencias, no dio traslado de la demanda a las contrapartes, impidiendo que en la actualidad se cuente con un panorama integral de la situación ambiental del Aeropuerto de El Palomar, y en especial no sólo escuchado a todas las contrarias, sino que no se haya producido alguna pericia o prueba efectuada por especialistas en el tema ambiental aeroportuario que sea imparcial a ambas partes”.

Aclaran finalmente que hay más de un informe de impacto ambiental en el expediente, que bien sirven de prueba técnica sobre el sonido que provoca el aeropuerto y los aviones”; pero la juez los ha dejado de lado invocando las facultades que le competen, sin ordenar u omitiendo, la elaboración de las pruebas que podría considerar necesarias para poder formar una decisión concreta, a su criterio”.

Oct, 1-2019