#Corrupción en la Mina de Río Turbio

El detenido intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, era indagado esta tarde y respondía preguntas ante el juez federal Luis Rodríguez, en una causa que investiga el multimillonario pago por una ruta que nunca se construyó.
El otro preso en la causa, el ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain será indagado por la tarde y aguardaba en la alcaidía de Comodoro Py 2002.
Los dos están acusados por el cobro de 50 millones de pesos por parte de la empresa Fainser, cuyo directorio integraba Lascurain, por obras en una ruta que unía al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio con la ciudad, que no se concretó.
Pérez Osuna fue trasladado a los tribunales federales de Retiro tras quedar detenido el lunes último mientras que Lascurain se entregó en la tarde de ayer.
El intendente comenzó a declarar en la sede del juzgado de Rodríguez, en el cuarto piso de Tribunales, pasado el mediodía y respondía preguntas, según fuentes judiciales, en tanto que se esperaba para la tarde la indagatoria de Lascurain.
Los dos quedaron presos en una causa conexa a la que investiga un multimillonario fraude en el yacimiento Carbonífero Río Turbio y que derivó en la detención del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, por orden de la Cámara Federal porteña.
En la causa central que tiene preso a De Vido, el fiscal federal Carlos Stornelli tiene pedidas desde el 21 de febrero pasado al juez Rodríguez la citación a declaración indagatoria de 14 empresarios adjudicatarios de los proyectos que debían reconvertir la mina y poner en marcha un tren turístico y cuyos fondos fueron desviados, según la acusación.
Stornelli imputó a empresarios que fueron contraparte en las contrataciones irregulares y les pidió la indagatoria por “defraudación contra la administración pública y peculado de bienes públicos”, de acuerdo al dictamen al que accedió Télam y que aún no tuvo respuesta por parte del magistrado.
“Sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron contratando con Fundación Regional Santa Cruz (FRSC) en condiciones de manifiesta ilegalidad” no se podría haber conformado “el complejo y millonario plan criminal” que se llevó a cabo.
Incluso, la Sigen corroboró que muchas de las obras diagramadas en el Complejo Minero no se completaron.
Los empresarios imputados son en el proyecto Tren Histórico: Ramona Ambrosia Alcaraz e Ivana Iris Gauna (Edimat SRL); Alejandra Adriana De Alba (D&D Marketing Comunicaciones); Néstor Daniel Moleres (Refugio Sur SA); Ana María Petri y y Patricia Verónica Pizarro (Reclimp SRL); Jorge Daniel De la Torre; Roberto Fernández (dueño de la estancia Killik Aike; Gabriel Asenjo (G y G Metalmecánica SRL); Rubén David Aranda (Chimen Aike SA).
En referencia al proyectos “Cenizas”, “Calizas” y “Nueva Caliza”, los imputados son Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla (KRK latinoamericana SA).
Respecto al proyecto “Cañerías de Aire”, los imputados son Gustavo Ariel D Adamo (Kaeser Compresores Argentina SRL) y en “Cañerías de Agua”, Esteban Ruiz Coines (Cadexa Service SA).