Pesos pesados de la Construcción bajo la mira

El ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y otros doce citados a declaración indagatoria por supuesto pago de sobornos y delitos en la adjudicación de la construcción de dos plantas potabilizadoras para la empresa estatal Aysa, apelaron la inhibición general de bienes que se les dictó, por lo cual esta decisión será revisada en la Cámara Federal porteña.

Según informaron a Télam fuentes judiciales, hasta ahora 13 de los citados a indagatoria en la causa por el supuesto pago de sobornos que involucra a la constructora brasileña Odebrecht y a otras empresas que formaron uniones transitorias para adjudicarse las obras apelaron la inhibición general de bienes impuesta por el juez federal Sebastián Casanello.

Estas apelaciones ya fueron concedidas y están a estudio de la sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.

Entre quienes apelaron se encuentran Wagner, presidente de ESUCO SA; el titular de José Cartellone Construcciones Civiles SA, Tito Biagini; el representante legal de Odebrecht SA, Roberto Fabián Rodríguez y Gustavo Dalla Tea, con el mismo cargo en “Supercemento SAIC”, así como Sergio Chividini, representante de la sucursal argentina de la empresa “Camargo Correa SA”.

Casanello ordenó 28 citaciones a declaración indagatoria en la causa y ordenó la inhibición para “asegurar los bienes y ganancias que presumiblemente, y de conformidad con los parámetros legales propios de esta instancia, podrían haber sido el resultado de las conductas ilícitas por las que serán intimados, al menos de momento, las personas mencionadas”, por lo cual “se decretará la inhibición general de bienes de todos esos sujetos”.

En la causa se investiga si hubo “una amañada adjudicación de las obras de Paraná de las Palmas y del Bicentenario -tanto funcionarios públicos como empresarios- a través del dictado de actos administrativos y diversos contratos por los que crearon el ámbito en el que desplegaron las maniobras ilícitas y en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, afirmó Casanello en esa resolución.

Por ello sostuvo que la medida cautelar “se adopta con el fin de asegurar la realización del derecho penal traducido en una eventual pena pecuniaria y/o decomiso, evitando de este modo modificaciones en el patrimonio de los sujetos”, sumado a que “no se observa medida menos lesiva que permita cumplir tales objetivos”.

La misma sala I de la Cámara Federal ya confirmó las inhibiciones de bienes dictadas con anterioridad en la causa al ex titular de Aysa Carlos Ben y al ex funcionario de esa empresa estatal Raúl Biancuzzo, también citados a indagatoria en una ronda que empezará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre.

Oct, 05-2017