SOTERRAMIENTO: comienza el éxodo de inversores por causa ODEBRECHT

Los socios españoles se alejan del soterramiento del Sarmiento. Los documentos de la IGJ revelan las mutaciones internas del consorcio empresario.

Odebrecht: los socios españoles se alejan del soterramiento del Sarmiento

Las relaciones de poder dentro del consorcio empresario a cargo del soterramiento del Sarmiento no siempre fueron iguales. Al inicio, Iecsa (la constructora que pertenecía al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra) tuvo el bastón de mando. Pero en 2013 se dio un pronunciado giro y Odebrecht, negociaciones mediante, destronó a la firma argentina. Ahora, en medio del escándalo de coimas del Lava Jato, los socios españoles del proyecto decidieron dar un paso al costado.

Así lo reconstruyó LA NACION a través de fuentes al tanto de las tratativas y de documentos oficiales. La última mutación del Consorcio Nuevo Sarmiento se registró a principios de este mes, cuando, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la empresa española Comsa pidió reducir su participación a un 1%.

El trámite ante la IGJ pidió registrar a la italiana Ghella con el 37,4%, a Odebrecht con el 33% y a Iecsa con el 28,6% restante. La adenda fue confeccionada en febrero de este año, pero ingresó al organismo el 5 de junio pasado.

Este medio intentó comunicarse con Comsa pero no obtuvo respuesta, ni de su sede central ni de sus oficinas en la Argentina. Desde el consorcio aseguraron que el cambio “es un trámite habitual” y que la española “seguirá teniendo un rol técnico en la obra”.

Desde la IGJ, sin embargo, analizaron: “Tener un 1% es simbólico. Si quisieran quedarse en cero, sería un trámite mucho más complejo”.

Mutaciones

Según señalaron fuentes empresarias, la marcha de la obra la llevan actualmente Ghella y Sacde, el nombre que eligió Marcelo Mindlin para rebautizar a Iecsa tras comprarle la firma a Calcaterra. Desde que la obra se adjudicó en 2008, sin embargo, las empresas asumieron distintos roles, con cambios que acompañaron las negociaciones con el gobierno de turno.

El 15 de agosto de 2008 se creó el Consorcio Nuevo Sarmiento. Iecsa, Odebrecht y la italiana Ghella participaron con el 30% del contrato y la española Comsa, con el 10%.

Se fijó domicilio en Florida al 800 y se consignó que las partes resolvían “unificar personería a favor de Iecsa”. El apoderado de esa constructora en el contrato fue Javier Sánchez Caballero, el hombre de confianza de Calcaterra que figuró en un mail cerca de la sigla DGI, presunta clave que usaba la firma brasilera para las coimas. También se creó un “consejo de representantes” integrado por las cuatro empresas.

Cuando promediaba el 2013, la obra del soterramiento pasó a la órbita de José López, que por entonces movía los hilos de la obra pública sin miedo a quedar preso. Según reconstruyó LA NACION, el ex funcionario recibió a los empresarios a cargo de la megaobra y les advirtió: “Si ustedes no nos traen la plata, esto se termina acá”. Días después de la amenaza de López, Odebrecht ofreció un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) y logró resucitar el contrato.

La fluida negociación con el gobierno kirchnerista y la llave del financiamiento se tradujo en mayores beneficios. Según registros oficiales, en agosto de 2013 la gigante brasileña destronó de la dirección de la obra a Iecsa. No sólo eso: también pasó a controlar el 50% del convenio, en desmedro de sus socios.

Desde el entorno de Odebrecht, reconocieron: “El gobierno kirchnerista, originalmente, le adjudicó la obra a Iecsa, que encabezaba el consorcio. Cuando empezaron los problemas de financiamiento, Odebrecht consiguió al Bndes y el escenario cambió. Al final, por problemas de contexto internacional, el crédito de Brasil no se aprobó”. Otro allegado a la UTE hizo una lectura distinta: “Con el Bndes los brasileños se ganaron el favor de los funcionarios y presionaron para tener una parte mayor del contrato. El gobierno lo convalidó y los socios cedieron”. Caído el crédito del Bndes, las empresas quisieron volver a foja cero. En julio de 2016, poco antes de que Macri resolviera destinar un presupuesto público de U$ 3.000 millones, la UTE suscribió otra adenda para que Odebrecht volviera a tener el 30% del contrato.

Hoy, todas las tratativas están en la mira de la Justicia, luego de que Marcelo Odebrecht confesara coimas millonarias.

Cambios empresarios

En el inicio, Iecsa comandaba el consorcio y el domicilio de la UTE fue fijado en oficinas de la constructora que pertenecía al primo de Macri.

En 2013, Odebrecht destronó a Iecsa y llegó a obtener el 50% del contrato del soterramiento.

Hoy, el consorcio pidió modificar la UTE: la española Comsa pide reducir su participación a un 1% y salir del control.

Jun, 28-2017

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